Por Iara Vidal
En un acto histórico, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó un recorrido por la Praça dos Três Poderes en la noche del lunes (9) acompañado por los jefes del Poder Legislativo y Judicial y los 27 gobernadores
Una caminata de un kilómetro y 800 metros, que duró cerca de cuatro minutos por la Praça dos Três Poderes, en Brasilia, la capital nacional brasileña, encabezada este lunes (9) por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, simboliza una nueva etapa de reconstrucción de la democracia en Brasil.
El mismo lugar fue escenario de actos terroristas perpetrados por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro el pasado domingo (8). Los vándalos vestidos de verde y amarillo, los colores nacionales de Brasil, destruyeron el inmueble de las oficinas de la Presidencia de la República, el Palacio del Planalto; del Legislativo, el Congreso Nacional; y el Supremo Tribunal Federal (STF).
En el transcurso de cuatro breves minutos, Lula viajó entre el Palacio del Planalto y el STF junto a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial y los 27 gobernadores de las unidades de la Federación, además de ministros y parlamentarios.
A pesar de la voluntad de esta minoría antidemocrática, del ataque al corazón de las instituciones de la República Federativa de Brasil, la democracia brasileña sale fortalecida de las horas del terror.
Antes de la marcha, en una demostración de apoyo institucional al gobierno de Lula y de repudio a los intentos de golpe de los terroristas partidarios de Bolsonaro que no aceptan los resultados electorales, los gobernadores de las 27 unidades de la Federación o sus representantes se reunieron con el presidente brasileño.
Intervención en el gobierno del Distrito Federal
Durante la reunión, el presidente Lula también justificó la decisión de decretar la intervención en el Distrito Federal el domingo. “Me vi obligado a hablar con mi Ministro de Justicia [Flávio Dino] y tomar una posición firme. La policía del DF se descuidó. Es fácil para nosotros ver a la policía hablando con los agresores en las invasiones”, observó.
Lula también recordó el motín del 12 de diciembre en Brasilia, fecha en la que fue certificado como presidente de la República por el Tribunal Superior Electoral, y que en ese momento la policía dio seguimiento al vandalismo y no hizo nada.
El presidente brasileño también denunció que soldados del Ejército, además de policías militares del Distrito Federal, estaban coludidos con los golpistas que invadieron el Palacio del Planalto, el Congreso y el STF el domingo.
Además de la intervención, el ministro del STF, Alexandre de Moraes, destituyó al gobernador Ibaneis Rocha por 90 días. La vicegobernadora del DF Celina Leão asumió el gobierno y participó de la reunión.
Sigue el dinero
En la reunión, Lula también defendió la investigación sobre el financiamiento de los campos golpistas.
“La gente permanecerá en prisión hasta que se completen las indagatorias [casi 1.500 personas]. Es importante que la gente sepa que no vamos a parar porque posiblemente sean víctimas, son la masa de maniobras. Esos posiblemente recibieron almuerzo, comida para venir aquí a protestar”, dijo Lula, diciendo que el gobierno tiene la intención de acercarse a los financiadores de los actos golpistas.
“Los jefes ciertamente no vinieron aquí. Vamos a querer saber quién financió, quién pagó, que esta gente se quede tanto tiempo aquí”, resaltó. “Sabes que soy experto en campamentos, en huelgas, en un montón de cosas. No es posible que un movimiento dure fuera de los cuarteles sin financiamiento, sin gente que garantice el pan de cada día, el café. No seremos tibios con nadie. Vamos a llegar a quien lo financió”.
Cerrando el asedio
De acuerdo con la orientación de Lula, la Fiscalía General de la República (AGU) ya identificó más de 100 empresas sospechosas de haber financiado los actos terroristas en Brasilia.
El dinero de estas empresas privadas se utilizó para pagar los autobuses que transportaban a los terroristas y mantenerlos acampados frente al Cuartel General del Ejército en la articulación del intento de golpe de Estado.
El siguiente paso de la AGU se dio este martes (10), cuando presentó la primera tanda de demandas contra estos grupos privados. Son medidas cautelares con la Justicia en el Distrito Federal para que se bloqueen los activos a nombre de las empresas.
Uno de los objetivos de las acciones de la agencia es utilizar estos recursos privados para cubrir los daños a la propiedad causados por estafadores en Brasilia. Las más de 100 empresas identificadas operan en varios estados, la mayoría con sede en Mato Grosso y Santa Catarina.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, declaró el lunes (9), que la Policía Federal ya identificó a los financiadores de los hechos en diez estados diferentes. Dino afirmó que muchas empresas están vinculadas a la agroindustria.
Continúa la defensa de la democracia
Este martes (10) las autoridades brasileñas continúan aplicando la ley contra los terroristas que apoyan a Bolsonaro y en defensa de la democracia. El ministro Alexandre de Moraes, del STF, dio la pauta de cómo tratará con los bandidos que destruyeron Brasilia el domingo pasado.
El discurso de Morais se produjo durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, este martes por la mañana. Con un discurso muy duro, el magistrado no dejó dudas de que instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Federal encontrarán a cada uno de los delincuentes de extrema derecha y que serán sancionados dentro del absoluto rigor de la ley. Continuó diciendo que los bolsonaristas no deberían esperar a los “campamentos de vacaciones” cuando se enfrentan a las cárceles.
“No crean que estos terroristas, que hasta el domingo cometieron disturbios y crímenes y ahora se quejan de que están en prisión queriendo que la prisión sea un campamento de verano, que las instituciones se debilitarán. Las instituciones no solo son de mármol, sillas, mesas, sino de personas, coraje y cumplimiento de la ley. Esta gente no es civilizada. Basta ver lo que hicieron en el Palacio del Planalto, en el Congreso Nacional y, con mucha más rabia y odio, en el Supremo Tribunal Federal. El Poder Judicial, el STF, estoy absolutamente seguro, con el respaldo legal, dentro de la Constitución, de la Policía Federal, las instituciones van a sancionar a todos los responsables, ¡a todos! Los que realizaron los actos, los que planificaron, los que financiaron y los que impulsaron, por acción u omisión, porque la democracia prevalecerá”, disparó el ministro, que fue aplaudido por el público asistente.
En otro frente para la reconstrucción de la democracia, el fiscal general adjunto del Ministerio Público en el Tribunal Federal de Cuentas (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, solicitó al ministro Bruno Dantas, presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil, bloquear los activos de el expresidente Jair Bolsonaro, el gobernador retirado del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, y el exministro de Justicia, Anderson Torres, quien fue designado – y destituido el domingo (8) – secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. El objetivo de la subfiscal es garantizar la reparación pública por los daños causados por terroristas simpatizantes de Bolsonaro, que destruyeron edificios públicos en Brasilia.
Condiciones de los terroristas detenidos
Después de devastar la sede de los Tres Poderes, los terroristas simpatizantes de Bolsonaro fueron finalmente detenidos el lunes por la mañana (9). Tropas de choque de la Policía del Ejército y de la Policía Militar del DF acompañaron el desmantelamiento del campamento de golpistas en la puerta del Cuartel General del Ejército, en Brasilia.
En total, 1.200 terroristas fueron detenidos y trasladados en autobús a varias unidades de seguridad pública, incluida la Academia de Policía Federal, donde fueron examinados, identificados y enviados a unidades de detención.
La medida cumplió con la determinación del ministro del STF, Alexandre de Morais, emitida en la madrugada del lunes de desmontar de las tiendas de campaña de la banda criminal y acusar a todos los participantes.
Parlamentarios que día y noche arremeten contra la democracia brasileña y cuyo sello es el desprecio por los derechos humanos, salieron en defensa de los terroristas. Los diputados federales Carla Zambelli y Bia Kicis y el diputado federal Carlos Jordy, que apoyan a Bolsonaro y los golpistas, publicaron en las redes sociales un pedido de mejores condiciones de trato para los terroristas detenidos.
“Recibimos información de que les falta agua y comida. Activaremos la DPU y el Ministerio de Derechos Humanos. Entre los detenidos se encuentran manifestantes que actuaron pacíficamente y vándalos. De todos modos, todos necesitan condiciones básicas”, dijo Zambelli, uno de los mayores críticos de los Derechos Humanos.
Zambelli se hizo famoso por perseguir a un periodista negro, pistola en mano, por las calles de São Paulo (SP), en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones generales, el 29 de octubre de 2022, en plena luz del día. A ella no le gustó lo que dijo el profesional de la prensa e incluso le disparó, sin éxito. Posteriormente, la Policía Federal le canceló la licencia de armas y le confiscó las armas.
En respuesta, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, respondió a los extremistas de derecha este martes (10) pero, antes de revelar la decisión, dio una lección sobre el tema a los negacionistas de los Derechos Humanos que apoyan a Bolsonaro.
“Inicialmente, cabe aclarar que el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía se alinea plenamente con la posición adoptada por el Presidente y por los Jefes de los demás poderes en el sentido de dar a conocer los actos golpistas y el intento frustrado de abolir el Estado Democrático de Ley el tratamiento más riguroso, en los términos de la ley y la Constitución Federal. Como lo ha demostrado la historia, los estafadores son, invariablemente, violadores de los derechos humanos y detractores de la ciudadanía”, escribió el ministro en las redes sociales.
“La verdadera defensa de los derechos humanos, por tanto, pasa por el repudio al golpe de Estado y la violencia promovida por grupos antidemocráticos guiados por el fascismo”, agregó Almeida. Cumplió con el pedido “para que siempre se observe la legalidad”.
Con información de Revista Fórum y de Congresso em Foco
Iara Vidal es periodista brasileña y trabaja en Brasilia (DF)
